Madrid, 28 mar (EFE).- Las comunidades autónomas se desviaron dos décimas del objetivo de déficit público en 2013, al llegar al 1,54 % del PIB, cuando el límite autorizado era del 1,30 %, mientras que los ayuntamientos españoles tuvieron un superávit del 0,41 %.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha ofrecido hoy este dato en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha dado a conocer que España cerró 2013 con un déficit público del 6,62 % del PIB, una décima por encima del objetivo pactado con Bruselas.

El ministro ha valorado que las comunidades autónomas han hecho el esfuerzo de reducir «prácticamente a la mitad» su déficit público y ha planteado que, igual que ocurrirá con el del Estado, cuando se revise al alza el PIB nacional, mejorará la cifra de déficit autonómico.

Asimismo, ha ensalzado el rigor de la gestión municipal, pues los municipios españoles han pasado en dos años de un 0,4 % de déficit a un 0,41 % de superávit.

Montoro ha manifestado que los ayuntamientos han cumplido «de sobra» el objetivo fijado para ellos (0,0 %) y son las administraciones que «más están contribuyendo a la credibilidad» y a la confianza de las administraciones públicas y del conjunto de España ante mercados financieros internacionales.

Son, ha dicho, las que hacen «muy posible» la consecución del objetivo de déficit para el conjunto del Estado.

El ministro ha subrayado que, en contra de lo que afirma «algún tipo de teoría», las administraciones más descentralizadas son las más cumplidoras, muestra de que «se controla mejor lo que uno tiene en su mano».

Por ello, ha subrayado que se debe «celebrar» el rigor de la gestión de los más de 8.100 ayuntamientos españoles y de las diputaciones.

El lunes, el Ministerio informará con detalle del grado de cumplimiento de los objetivos de déficit de cada administración.

La mayor parte de las autonomías remitió al Ministerio datos según los cuales ha cumplido el déficit y alguna como Aragón ha anunciado recursos contra la inclusión por parte de la Intervención General del Estado de un asiento contable que la convierte en incumplidora.

A este respecto, el ministro ha manifestado que es normal que exista discrepancia entre las cifras que envían las comunidades autónomas y las del Ministerio, sin que eso implique un «mayor desengaño».

Montoro ha descartado que exista ningún tipo de conflicto y ha añadido que las cifras de desviación «no son especialmente significativas».

No obstante, ha dicho estar dispuesto a estudiar cualquier reclamación, pero ha advertido de que cualquier cambio debe acordarse con Eurostat, pues la metodología es la que se aplica desde hace catorce años.